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- Este lunes 25 de Mayo realizaremos junto a la Coordinadora Marea Pensionista de Sants Montjuïc un paseo entre dos residencias del barrio una Privada y concertada por la Generalitat y el Ayuntamiento Vitalia y la otra con titularidad de la Generalitat Font Florida pero con la gestión asistencial privatizada.
- Paseo compatido con los compañeros de Sant y Zona Franca.
Paco Gómez de la Calle : Marea Pensionista Font de la Guatlla Magòria : 23 de Mayo 2020
Desde nuestra Asamblea exigimos responsabilidad jurídica y administrativa en relación a las muertes y enfermedades causadas por la Covid-19 en las residencias de personas mayores. Las cifras son aterradoras ya que más del 50% de muertes provienen de las Residencias. Apoyamos especialmente las denuncias de las familias.
Cientos de Residencias están siendo investigadas, lo que nos obliga a todos los ciudadanos a reflexionar sobre la responsabilidad de todas las administraciones y de las empresas privadas encargadas de gestionar los servicios.
Hemos visto recursos humanos y materiales insuficientes, lo que desde hace años veníamos denunciando junto a familiares lo hemos comprobado estas últimas semanas se han evidenciado trágicamente las consecuencias de la mercantilización de la actividad del cuidado y la atención a las personas mayores. En numerosas residencias existe un ambiente masificado y deshumanizado, construido con criterio de ahorro y negocio con los recursos. Así, estos días se ha probado que la realidad de muchos de los centros geriátricos y residencias está conformada por la falta de personal, agravada en este caso por la no sustitución del personal de baja, y el incumplimiento de las ratios exigidas de cuidadoras por residentes.
En muchos centros se incumplían las normas especiales de higiene destinadas a prevenir la propagación de la Covid-19, (tanto las referentes a la higienización del espacio como las relativas a la obligación de dotar a los trabajadores/as de protección adecuada y suficiente) y no se desarrollaban políticas efectivas de aislamiento de los residentes susceptibles de estar afectados, ni se aplicaban los protocolos para derivar a estas personas a centros hospitalarios, donde poder ser atendidas con unas garantías que las residencias no pueden ofrecer.
El resultado también es que miles de personas han muerto en la más completa soledad, o que miles de profesionales se han visto obligados a trabajar en condiciones de enorme riesgo, poniendo en peligro su propia salud y la de sus familiares.
La responsabilidad de las empresas y las administraciones, existe un déficit estructural que, en el caso de los centros privados y concertados, está motivado por la voluntad de las empresas gestoras (en muchos casos grandes grupos multiservicio) de optimizar el beneficio económico y, con respecto a los centros públicos, en la insuficiente dotación presupuestaria y la falta de inversión por parte de las administraciones.
Así, del gasto público directo en dependencia en 2019, la Administración General del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80% restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 50% que marca la Ley.
Desde 2012 al 2018 se han acumulado recortes presupuestarios para la dependencia por valor de 5.406 millones de euros. Del total de gasto directo anual (8.250 millones), el copago supone ya un 20,6%; el gasto de las Comunidades Autónomas un 63,2% y la aportación Estatal se reduce a un ridículo 16,1%. Los recursos destinados por el Estado para la dependencia alcanzan el 0,7% del PIB. En Suecia este porcentaje supone el 3,2%.
La inversión en servicios de atención a la dependencia en el conjunto de las administraciones se mantiene por debajo de la media europea.
Tenemos la necesidad de tomar las medidas y revertir esta situación para que no se vuelva a repetir.
POR UNAS RESIDENCIAS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN PUBLICAS.
POR UNA LEY DE DEPENDENCIA EFECTIVA, AGÍL Y QUE ELIMINE LAS LISTA DE ESPERA YA!!!!
